Al acecho

Hay una cosa que nos llama poderosamente la atención de Caracas y es que, cuando un local del tipo que sea -un comercio, una tienda, un gimnasio, un restaurante-, no cumple con el Seniat, es decir, no paga sus impuestos o se salta alguna de las normas que rigen su funcionamiento, el local es clausurado de inmediato, sin contemplaciones. El tiempo de cierre varía en función del tipo de infracción, pero es el tiempo necesario para que el propietario vaya a cancelar la deuda y su multa correspondiente. Si no lo hace, no volverá a abrir en la vida. Y si, por el contrario, se salta la sanción y reabre sin permiso, puede verse metido en graves problemas.

Esta cultura persecutoria del infractor está ampliamente arraigada en la sociedad venezolana. Uno encuentra carteles en las farolas donde se dice que, si no alumbran, denuncies a las autoridades municipales, ya que son las responsables de su funcionamiento. En los restaurantes cuelgan carteles y pegatinas en los que animan a denunciar al propietario si no te dan tu factura. Las tiendas que venden alcohol en domingo son multadas y cerradas durante días, puesto que está prohibido hacerlo en todo el país.

Todo eso podría estar bien, ya que hace que los comerciantes sean escrupulosos con las normas, sino fuera porque a veces les imponen exigencias que van a más allá de sus obligaciones elementales. Hace unos meses sin ir más lejos, el gobierno, ante la crisis energética del país, en vez de gestionar mejor sus recursos energéticos u optar por concienciar con medidas de ahorro (del tipo: usa bombillas de bajo consumo o pon el aire acondicionado a 24 grados, en vez de a los 14 con que suele ser habitual estar en los sitios) obligaba a todos los comercios y locales públicos a reducir su factura eléctrica un 20% respecto al año anterior. Todo aquel que no cumplía se encontraba con el cartelito gubernamental de “Clausurado”.