Huelga de hambre

Tendido sobre una silla de mimbre rojo en un galpón de su propiedad, con gesto contrito y bien aferrado con cadenas para que no lo puedan mover, Francisco Alves escucha y mira a los colegas que han venido a mostrarle su apoyo en la huelga de hambre que ha iniciado hace una semana y a los paramédicos que le están atendiendo.

El hombre, empresario de origen portugués, nacionalizado venezolano y con más de veintiséis años en el país, se declaró en huelga de hambre tras haber recibido presiones y amenazas del Instituto Nacional de Tierras para que desocupara sus terrenos. Según el empresario, la funcionaria que lo amenazó le dijo que si era necesario pasarían por encima de su cadáver (ver post “La tierra, para el que la trabaja”).

El terreno que el Gobierno le quiere expropiar está ubicado en el municipio de San Diego, estado de Carabobo, y abarca poco más de dos hectáreas, las cuales figuran, según Alves, como zona industrial y no como zona agrícola, como pretende el Ejecutivo. “Llevo días sufriendo presiones de todos lados de que me van a invadir los terrenos. Hay un consejo comunal que yo llamo consejo criminal, que se ha dedicado prácticamente a quitarme las tierras. Puedo acreditar la cadena titulativa de estas tierras desde hace más de 176 años”. Por eso, este empresario renunció a cualquier tipo de alimentación, para luchar no sólo por su propiedad, sino también, según comenta, para que se respete la Constitución y las leyes del país, y para que todo el mundo se entere de lo que pasa en Venezuela.

Después de una semana de presión en los medios de comunicación y para evitar otro suceso como el del recientemente fallecido Franklin Brito, parece que el INTI ha levantado la medida, pero no descarta expropiarle la finca si el proyecto del ferrocarril finalmente acaba pasando por sus tierras.