No es país para carniceros

La cosa ocurrió más o menos así.

Hay un grupo de personas que conforman el consejo comunal. Se dedican a ir de un establecimiento a otro comprando trozos de carne y guardando los tickets (deme un kilo de lomito; no, ahora mejor deme otro kilito de chocozuelo, y ahora otro de pulpa negra, y otro de pollo, y uno más de muchacho redondo y de ganso; y así). Luego se van con esos tickets al edificio donde está radicado un organismo siniestro, en cuyas salas de reunión otro grupo de leales funcionarios con franelillas rojas se dedica a sumar y restar y mirar con lupa los precios que allí vienen marcados.

-A ver, si el kilo oficial de la carne de segunda es de 11,90 bolívares y resulta que estos señores la están vendiendo a 24,50 bolos, compañeros, esto se llama especulación. ¿Pero qué es eso de vender el solomo, la paleta, el papelón, el cogote, el lagarto, la falda y la chuleta por encima de su costo real? Nada de eso. ¡A por ellos!

Así que ese grupo de honrados funcionarios avisa al fiscal auxiliar y éste asume el caso con orgullo y decisión. Levanta acta en compañía de la troupe del Indepabis, cuyas siglas responden al cándido nombre de Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios. Su objetivo es detectar la especulación en los mercados de la capital venezolana.

El Indepabis justifica así su trabajo ante los periodistas: “Tenemos mecanismos de articulación social. Ahí en el ticket está el nombre del comercio y el precio. Tenemos las pruebas y el delito se comprobó en flagrancia. Les solicitamos los recaudos, hablamos con los comerciantes y se llenaron las actas. Luego llamamos a la fuerza pública, ellos hicieron su acta policial y se pasó a la Fiscalía”.

Así, el consejo comunal, los funcionarios y la Policía Militar se presentan ante los ocho carniceros de la Candelaria (al noroeste de Caracas) que han sido investigados. Los detienen ante el estupor y la incredulidad de las familias y los clientes. Los trasladan de madrugada a la comisaría de Fuerte Tiuna, pese a la solicitud de dejarlos ir a sus casas con el compromiso de presentarse al día siguiente ante el juez.

Los carniceros han denunciado que fueron trasladados bajo engaño, ya que les aseguraron que iban a hacer una declaración y, una vez allí, les dijeron que estaban presos.

Según uno de los abogados de los detenidos, el proceso presenta irregularidades y constituye un atropello, pues a su juicio la ley establece que en caso de especulación, el Indepabis debe levantar un acta y abrir procedimiento administrativo para presentar sus alegatos.

Pero los carniceros son sospechosos y han especulado. No importa que los precios al por mayor hayan subido semana tras semana desde principio de marzo y que el kilo de carne se esté cotizando un 40% más cara que el precio oficial. No importa que no se les quiera escuchar. Lo que importa es que la ley ha vuelto a ser eficaz con el insolidario.

Éste ha sido el tema estrella de la semana, la detención de más de 40 carniceros acusados de vender con sobreprecio.